Bajo el título «Pensiones (in)compatibles», Tomás Arrieta y José E. Herce, escriben una tribuna en el diario El País en la que defienden una cambio en la normativa que penaliza a quienes quieren seguir trabajando (no sólo en el ámbito creativo) tras la jubilación. Publicado en la edición del martes, 8 de diciembre de 2015.
Ell debate sobre el “envejecimiento activo” excluye a menudo la más obvia receta para lograr que las personas de más edad sigan siendo activas en la sociedad y en la economía. Es decir, permitir que sigan trabajando una vez jubiladas.
Sin duda, hay trabajadores que siguen trabajando a edades incluso superiores a la edad legal de jubilación. Pero hoy, sólo 123.000 personas (un 5,3% de las personas de entre 65 y 69 años) forma parte de la población activa y, de ellas, el 95,4% están ocupadas. Por encima de los 69 años, los efectivos son insignificantes: 34.000 personas activas (un 0,6% de su grupo de edad), todas virtualmente ocupadas.
Pero lo cierto es que a esas edades la mayoría de las personas están fuera de la actividad. Sencillamente porque las pensiones que perciben son incompatibles con todo trabajo remunerado que requiera la afiliación a la Seguridad Social. Salvo que se cumplan ciertas condiciones.
Afortunadamente, desde 2013 es posible compatibilizar la pensión con el trabajo remunerado. Desafortunadamente, para lograrlo, el pensionista debe renunciar a la mitad de su pensión, pagar una cotización del 1,35% por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional y pagar también una cotización llamada “de solidaridad” del 8%.
Para una pensión máxima (35.852,32 euros brutos al año en 2015), estas “penalizaciones” suponen unos 22.000 euros al año. Un coste increíble cuando se ha cumplido la edad legal de jubilación y se ha cotizado por tres o cuatro décadas de trabajo regular.
Este desincentivo es, lisa y llanamente, confiscatorio y disuasorio a la hora de solicitar la compatibilidad entre la pensión y el trabajo. Por esa razón hay tan pocos pensionistas que se acogen a dicha figura, con lo que el sistema ni reduce sus gastos ni recauda cotizaciones solidarias. Ello no implica que innumerables personas con oficio y profesionales jubilados que perciben su pensión plena dejen de trabajar, más bien al contrario. Simplemente, se embolsan la pensión plena a la que tienen derecho y siguen trabajando de manera absolutamente irregular, en unos casos como socios de sociedades limitadas de las que perciben dividendos en vez de honorarios incompatibles con su pensión y en otros casos ocultando sus actividades.
Muchos pensionistas se embolsan la prestación a la que tienen derecho y siguen trabajando de forma irregular
Esta situación sería cómica si no fuese lamentable. Resulta que con esta cuasi-incompatibilidad la Seguridad Social apenas logra resultados destacables en ninguno de los objetivos que persigue (gastar menos, recaudar más y fomentar la vida activa y la felicidad de los pensionistas) y lo que sí logra es estimular el incumplimiento fiscal de los trabajadores encubiertos. Es más, al estar basada esta política en la falsa creencia de que los trabajadores “viejos” ocupan puestos de trabajo que podrían ocupar los trabajadores jóvenes, lo que la Seguridad Social logra es reducir el empleo en la economía.
Parece mentira que todavía haya quienes piensan que lo que sabe hacer un profesional “viejo”, experimentado y formado durante años lo sabe hacer un trabajador joven. De la misma forma que lo que sabe hacer un trabajador joven no saben hacerlo los de mayor edad. Eso de la “tarta del trabajo” es una falacia.
Si la pensión fuese plenamente compatible con el trabajo remunerado sin penalización alguna, todos los pensionistas que pudiesen seguirían trabajando, pagando impuestos de todo tipo, creando empresas y puede que contratando trabajadores. Las condiciones para poder hacerlo deberían seguir siendo haber cumplido la edad legal de jubilación y haber tenido carreras largas de cotización.
La plena compatibilidad entre trabajo y pensión en las condiciones anteriores no debe verse solo como una forma de redondear los ingresos después de una cierta edad, sino como una manera de dinamizar a una población enorme deseosa de hacer lo que mejor sabe mientras pueda.
Las actuales normas para la compatibilidad de la pensión con el trabajo remunerado son contrarias a la buena economía política y logran resultados diametralmente opuestos a los perseguidos en detrimento de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la felicidad de los ciudadanos. Deberían desaparecer para dar lugar a una plena y abierta compatibilidad entre trabajo y pensión. ¿Existe hoy el partido político capaz de proponer esto a los ciudadanos con vistas a las próximas elecciones generales?
Tomás Arrieta y José A. Herce son patrono y colaborador, respectivamente, de la Fundación Activos de Gran Experiencia (AGE).