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La Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores, de la que forman parte 15 organizaciones autorales y casi 10.000 creadores literarios (escritores y traductores) quiere trasladar a la opinión pública, partidos políticos y gobiernos locales, autonómicos y estatal la profunda preocupación del colectivo por la alarmante falta de reconocimiento del valor esencial (moral y jurídico) de los derechos de autor y de una remuneración adecuada por la utilización de nuestras obras en los más diversos ámbitos de la sociedad, de manera muy especial en un mundo digital fuertemente globalizado y con una muy precaria legislación en la materia.
La experiencia histórica nos demuestra que la digitalización descontrolada basada en el uso no autorizado ni comunicado de nuestras obras ha causado un grave perjuicio a la creación e innovación, acentuando así la desventaja competitiva que sufrimos respecto nuestros colegas de la mayoría de los países europeos. Es preciso subrayar que las obras de escritores y traductores no son meros datos susceptibles de convertirse en algoritmos, son la base de nuestra democracia, de nuestra cultura, conocimiento y ciencia, y deben ser tratados, valorados y remunerados como tales. Un escritor o traductor invierte años estudiando, analizando y consultando cientos de fuentes para poder escribir o traducir una obra, trabajo que hoy en día ni es reconocido ni remunerado.
A título de ejemplo, el último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la remuneración por el préstamo de nuestros libros en las bibliotecas pone de relieve que España es, junto a Georgia, el país en el que menos se remunera a escritores y traductores por esta utilización de nuestras obras.
A esta situación se añade una realidad omnipresente: la implementación de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y la necesidad de las grandes plataformas y desarrolladores de utilizar una ilimitada cantidad de obras, como los libros, los artículos publicados en distintos medios y, en general, todos los materiales derivados de la actividad profesional de los creadores literarios, sean escritores, traductores o autores dramáticos.
El Gobierno de España, tal y como declaró en su día el Presidente, está trabajando en un modelo estatal de lenguaje de Inteligencia Artificial entrenado en las lenguas oficiales del Estado. Es una iniciativa de carácter público que va a utilizar obras literarias y periodísticas y, por tanto, estará sometido a las obligaciones derivadas de la Ley de Propiedad Intelectual y de toda la legislación relacionada de ámbito europeo, así como de otros marcos legales aplicables.
En los últimos años, el desarrollo de la IAG está sentando las bases de una nueva forma de explotación de nuestras creaciones que afecta al contrato social del conjunto de los ciudadanos, utilizando métodos y prácticas no sujetas a ningún principio salvo el beneficio económico, en algunos casos próximas al saqueo masivo de contenidos sujetos a la legislación arriba mencionada, cuyo uso y efectos en el futuro no solo los autores sino todos nosotros ignoramos.
Por ello, exigimos que todos los sectores asuman la imprescindible necesidad de un firme compromiso de salvaguardar nuestros intereses como creadores y respetar el producto de nuestro trabajo, base fundamental del tejido cultural y de la industria que lo sustenta y de la Ley de IA de la Unión Europea, primera normativa supranacional que, aunque de modo todavía insuficiente, ha comenzado a contemplarlo.
Esta exigencia no solo se dirige al sector privado y a los grandes operadores y desarrolladores que actúan en el espacio global de Internet, sino también, y de manera muy especial, del sector público, para asegurar que el uso de las obras literarias y periodísticas, tanto para el entrenamiento de la IAG como para la explotación ulterior se base en las recomendaciones hechas públicas por el Consejo Europeo de Escritores (EWC) el pasado 27 de julio, de entre las que destacamos las esenciales: AUTORIZACIÓN de los autores de tales usos, REMUNERACIÓN justa y no simbólica, y TRANSPARENCIA del proceso.
Una sociedad crítica y democrática no avala la expropiación de los derechos del colectivo a favor de grandes multinacionales que no tributan en nuestro país, ni el establecimiento de sistemas opacos que no reportan usos de las obras a los titulares impidiendo cualquier tipo de negociación de buena fe. Y, por supuesto, reconoce el valor de sus creadores, les proporciona los recursos necesarios para desarrollarse y protege sus derechos.
Es por ello por lo que solicitamos a empresas, instituciones y al Gobierno que:
1. Respeten, protejan y valoren lo derechos de autor de escritores y traductores como resultado del, hoy en día, heroico trabajo de escribir.
2. Reconozcan de una vez una remuneración adecuada por nuestros derechos de acuerdo con su valor y con el esfuerzo que invertimos en generarlos.
3. Tengan en consideración las diez recomendaciones que, en relación con los usos de las obras literarias por la IAG, el Consejo Europeo de Escritores ha aprobado y trasladado al Parlamento Europeo. Aprobado el 30 de septiembre de 2024
Aprobado el 30 de septiembre de 2024
Asociaciones que forman parte de la Conferencia:
Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), Asociación de Escritores de Euskadi – Euskadito Idazleen Elkartea (AEE-EIE), Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE), Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX), Asociación Aragonesa de Escritores (AAE), Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), Asociación de Escritores de Castilla La Mancha (AECLM), Asociación Navarra de Escritores/as – Nafar Idazleen Elkartea (ANE-NIE), Sociedad Cántabra de Escritores (SCE), Nueva Asociación Canaria de Escritores (NACE), Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA), Asociación Riojana de Escritores (ARE), Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Euskal Idazleen Elkartea (EIE).