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A lo largo de casi cuatro décadas se han sucedido los llamados de particulares e instituciones para conseguir que la residencia de quien fuese uno de los principales poetas y maestros de poetas del pasado siglo se salvase de la destrucción y se convirtiese en un espacio que sirviese de recuerdo y homenaje al premio Nobel de Literatura de 1977.
La Asociación Colegial de Escritores ha clamado repetidamente en favor de la conversión de este edificio en una Casa de la Poesía o en una Casa Museo que acogiese el archivo de Vicente Aleixandre, del que forman parte documentos irremplazables para el conocimiento de la poesía española e hispanoamericana del siglo XX, y que fuese un centro para el estudio, difusión y promoción del poeta fallecido en 1984, de sus compañeros de la Generación del 27 y de los autores posteriores. El valor simbólico de la casa de Aleixandre, a la que acudieron cientos de escritores en busca del consejo y aliento de su propietario, hace de este espacio un lugar único para estas actividades.
Ni los herederos del poeta, copropietarios del inmueble, ni las administraciones públicas, han sido capaces en este tiempo de solucionar un conflicto de raíz económica y de alcance cultural y patrimonial. Los sucesivos ministros, consejeros y concejales, así como sus equipos, han sido incapaces de asumir una postura coherente y decidida en favor no solo del edificio, sino de la Literatura. La desidia institucional así como los intereses encontrados de los herederos han tenido como consecuencia el deterioro no solo del edificio, sino del prestigio y fundamento de las políticas culturales del país. Las tres administraciones públicas, al margen de quién las dirigiese, han sido incapaces de trabajar conjuntamente, demostrando una preocupante falta de criterio y gestión. De nada valen las acusaciones cruzadas entre ellas; todas son responsables de que hayamos llegado a una situación difícilmente reversible.
Ministerio, Comunidad y Ayuntamiento deben buscar una solución de urgencia y participar, de manera acordada o como se juzgue necesario, en la subasta, con el fin de convertir en patrimonio público, aplicando la legislación de Patrimonio Histórico, un espacio de un valor cultural y literario incalculable. Los condicionantes que implica haber sido declarada Bien de Interés Patrimonial puede facilitar ese proceso.
En las circunstancias actuales, si la casa pasa a manos de inversores privados interesados en la rentabilidad económica, no hay ninguna garantía de que el edificio se mantenga y se restaure una vez subastado. Su estructura, sus paredes, podrían desaparecer en un desgraciado futuro próximo. Lo que se está subastando no es solo una finca urbana, sino la confianza en la literatura, el arte y la cultura como patrimonio de los pueblos y de las gentes. A una mente mercantilista quizá esto no le importe; para cualquiera con sentido de la ciudadanía, se está perpetrando un crimen cultural.