Bajo el título Una proposición para acabar con el Premio Cervantes, el ex ministro de cultura y escritor, César Antonio Molina, reflexiona sobre la situación a la que se ven sometidos no pocos creadores que perciben una pensión tras largos años de cotización. Una reflexión que enlaza con la posición que ACE, junto con SGAE, CEDRO y otras entidades venimos defendiendo. En el diario El País, hoy 2 de febrero de 2016.
En la foto Ana María Matute, galardonada con el Premio Cervantes.
Por César Antonio Molina
A la vista del asunto de las pensiones relacionadas con los derechos de autor y la imposibilidad de desarrollar ningún tipo de actividad artística o intelectual, lo mejor sería que se suprimieran todos los premios institucionales, entre ellos, el Princesa de Asturias, el Velázquez o el Cervantes. Nos imaginamos en qué grotesca acción se convertirían la entrega de los mismos. Por ejemplo, en la cátedra de la Universidad de Alcalá, el premiado se transformaría en un acusado recriminado por el Ministro de Educación y Cultura para la Hacienda quien le haría ver a las claras el delito que va a cometer haciendo compatible su exigua pensión con el cobro del importe de ese galardón. No le arriendo la ganancia, pues en vez de acudir acompañado de su familia, el reo-premiado tendría que hacerlo de su abogado y asesor fiscal por si la detención se llevara a cabo nada más acabar su discurso. En la loa amenazadora del ministro se haría referencia, además, a los ya antecedentes delictivos del propio autor que da nombre al premio y se ensalzaría a la novela picaresca como ejemplo de los males que acechan al gremio. Sí, será mejor que todos los premios institucionales se suspendan ante los males que pueden provocar a los elegidos.
Todo ciudadano tiene derecho a su pensión. Después de casi cuarenta años de cotización, según su capacidad económica, cualquier persona tiene derecho a recibir parte de lo que ha ahorrado para su vejez. Después de haber cumplido sesenta y cinco o setenta años ¿cuántos más le pueden quedar de vida: 10, 15? El resto, al menos la mitad de su contribución, nunca la cobrará. Por lo tanto, el Estado ya incauta una cantidad importante. Seguramente el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo, extraterrestres culturales, piensen que los derechos de autor manan como las cataratas del Niágara y que, por ejemplo, las conferencias, cursos o artículos en publicaciones respetables nacionales o internacionales equivalen a los contratos de los jugadores de fútbol. ¡Qué un creador publique y salga a la luz no hace más que mancillar la imagen de su país!
¡Sí, por supuesto! Habrá que suprimir todos los premios culturales trampa. Habrá que prohibir (ya se ha hecho con esta ley) que cualquier creador siga haciendo su trabajo a partir de la edad en que ejerza ese derecho, y dedicarse a vegetar esperando a la Parca a la que tantas veces ha citado. ¿Qué le importa al ministro de Hacienda y a la ministra de Trabajo la cultura española? ¿Qué le importa a un ministro que insultó al cine español diciendo que era malo o algo peor? ¿Acaso algún ministro europeo expresó alguna vez un piropo semejante sobre su cultura? ¿Dónde está nuestro «flamante» ministro de Educación y Cultura saliendo a defender a quienes representa, a quienes debería representar y defender ante tamaña ignominia cuya sombra también cae sobre él?
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La cultura conforma la identidad de un país, esto sí que lo tienen claro los independentistas. Quienes atacan a aquellos que ayudan a configurar la identidad nacional están poniendo en riesgo los propios pilares del Estado. La cultura ayuda a la buena educación democrática, uno de los grandes males que nos aquejan. Un país sin cultura no existe, un país sin cultura no vale la pena que exista. España, su respetada imagen en el mundo, la han dado siempre sus creadores. No me imagino a Buñuel, Falla, Juan Ramón Jiménez, Tàpies o, en el ámbito también de nuestra lengua, a Borges u Octavio Paz teniendo que dejar de escribir, rodar, pintar o componer por este decreto de censura encubierto que ni siquiera el franquismo impuso como castigo a los indóciles intelectuales.
Sí, mejor será que se supriman todos los premios institucionales o que su entrega, en conjunto, se traslade a la sala del Museo del Prado donde están los fusilamientos pintados por Goya. Quizás entonces el Ministro de Educación y Cultura para la Hacienda diga que a quien aquello pintó no le hizo falta cobrar ninguna pensión. No sabe este buen hombre que nuestro pintor regresó del exilio a su patria sin cabeza. ¡Por algo sería!
Sí, lo mejor será renunciar a los premios, renunciar a la pensión e incluso renunciar a un país que maltrata a sus ciudadanos, incluso a aquellos que contribuyen a su grandeza, con leyes injustas y demenciales que abochornan.